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GLOSARIO
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Régimen jurídico de las cooperativas de crédito

 

A las cooperativas de crédito les resulta de aplicación, en primer lugar, la legislación estatal de carácter financiero, que está representada por dos normas: la Ley 13/1989, de 26 de mayo, de Cooperativas de Crédito y el Real Decreto 84/1993, de 22 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de desarrollo de la Ley 13/1989. Supletoriamente les es de aplicación la legislación de cooperativas, la legislación estatal, esto es, la Ley 27/1999, de 16 de julio, de Cooperativas o la legislación autonómica.

Resulta aplicable la primera (la legislación estatal) cuando el ámbito de actuación de la cooperativa de crédito estatutariamente reconocido es supraautonómico o estatal, pero siempre que su capital social corresponda efectivamente a ese nivel territorial y que realice en dicho ámbito actividad efectivamente cooperativizada, entendiéndose por esta, el conjunto de operaciones que la entidad realiza con carácter preferente con sus socios y que dan lugar a los derechos y obligaciones económicas propios del vínculo cooperativo.

Por el contrario, las cooperativas de crédito que no cumplan las anteriores condiciones son de ámbito autonómico o local, provincial o supraprovincial dentro de la misma CCAA  y tienen como legislación supletoria la ley de cooperativas de su respectiva CCAA.

 
 

Resultados del ejercicio económico de una cooperativa de crédito

 

Al cierre de cada ejercicio económico, en las cooperativas de crédito los resultados se determinan conforme a los criterios y métodos aplicables por las restantes entidades de crédito, sin perjuicio de lo que se establezca en la Ley sobre Régimen Fiscal de las Cooperativas.

Las pérdidas deben ser cubiertas con cargo a los recursos propios de la Cooperativa de Crédito y, caso de ser éstos insuficientes o de disminuir el capital social mínimo establecido, deberá disolverse la entidad, a menos que dicho capital o recursos se reintegren en la medida suficiente.

Los beneficios del ejercicio se destinarán a cubrir pérdidas de ejercicios anteriores, que no hubiesen podido ser absorbidas con cargo a los recursos propios. El saldo acreedor de la cuenta de resultados constituirá el excedente neto del ejercicio económico y, una vez deducidos los impuestos exigibles y los intereses al capital desembolsado, limitados de acuerdo con la legislación cooperativa, el excedente disponible se destinará:

   A dotar el Fondo de Reserva obligatorio, al menos, con un 20 por 100;

   El 10 por 100, como mínimo, a la dotación del Fondo de Educación y Promoción, y

    El resto estará a disposición de la Asamblea General, que podrá distribuirlo de la forma siguiente: retorno a los socios, basado en los criterios estatutarios al respecto, dotación a Fondos de Reserva voluntarios o análogos, que sólo serán disponibles previa autorización de la autoridad supervisora, y, en su caso, participación de los trabajadores. Todo ello, sin perjuicio del cumplimiento del coeficiente de solvencia y de la normativa aplicable a los tres primeros años de existencia de una cooperativa de crédito.