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GLOSARIO
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Secciones de Crédito

 

Las cooperativas de cualquier clase excepto las de crédito, podrán tener, si sus Estatutos lo prevén, una sección de crédito, sin personalidad jurídica independiente de la cooperativa de la que forma parte, limitando sus operaciones activas y pasivas a la propia cooperativa y a sus socios, sin perjuicio de poder rentabilizar sus excesos de tesorería a través de entidades financieras El volumen de las operaciones activas de la sección de crédito en ningún caso podrá superar el 50 % de los recursos propios de la cooperativa.

Las cooperativas que dispongan de alguna sección estarán obligadas a auditar sus cuentas anuales.

Se trata de una figura propia de las sociedades cooperativas, salvo de las cooperativas de crédito. Tales secciones se encuentran al margen de la regulación financiera ya que no tienen la consideración de entidades financieras ni la consideración de entidades de crédito, por lo que en ningún caso, son supervisadas por el Banco de España. Sus fondos no gozan de la cobertura del Fondo de Garantía de Depósitos de Entidades de Crédito.

 
 

Servicio de Atención al Cliente de una cooperativa de crédito

 

Departamento especializado del que deben disponer obligatoriamente las entidades de crédito y, por tanto las cooperativas de crédito, para atender y resolver las quejas que presenten sus clientes. Las entidades que pertenezcan a un mismo grupo pueden disponer de un único Servicio de Atención al Cliente para todo el grupo.

 
 

Servicio de Reclamaciones

 

Servicio del Banco de España que se ocupa de atender las quejas o reclamaciones de los usuarios de servicios bancarios que no se consideran debidamente atendidos por el Servicio de atención al cliente o, en su caso, el Defensor del cliente de una entidad financiera. Los dictámenes del Servicio de Reclamaciones no son jurídicamente vinculantes para las entidades, pero un alto porcentaje de ellos son cumplidos.

 
 

Sistemas Institucionales de Protección (SIP) de cooperativas de crédito

 

Esta figura se introduce en el artículo 80.8 de la Directiva 2006/48, relativa al acceso a la actividad de las entidades de crédito y a su ejercicio, configurándose como una opción nacional de los Estados miembros.

En España, se puede considerar que un grupo de entidades de crédito constituye un grupo consolidable cuando, a través de un acuerdo contractual, varias entidades de crédito integren un SIP que cumpla los siguientes requisitos:
   Que exista una entidad  central que determine, con carácter vinculante, sus políticas y estrategias de negocio, así como los niveles y medidas de control interno y de gestión de riesgos. Esta entidad central sería la responsable de cumplir los requerimientos regulatorios en base consolidada del SIP.
    Que la citada entidad central sea una de las entidades de crédito integrantes del SIP u otra entidad de crédito participada por todas ellas y que formará, así mismo, parte del sistema.
    Que el acuerdo contractual que constituye el SIP contenga un compromiso mutuo de solvencia y liquidez entre las entidades integrantes del sistema que alcanza como mínimo el 40% de los recursos propios computables de cada una de ellas, en lo que se refiere al apoyo de solvencia. El compromiso de apoyo mutuo incluirá  las previsiones necesarias para que el apoyo entre sus integrantes se lleve a cabo a través de fondos inmediatamente disponibles.
    Que las entidades integrantes del SIP pongan en común una parte significativa de sus resultados que suponga, al menos, el 40% de ellos y que deberá ser distribuido de manera proporcional a la participación de cada una de aquellas en el sistema.
    Que el acuerdo contractual establezca que las entidades deberán permanecer en el sistema un período mínimo de 10 años, debiendo preavisar al menos con 2 años de antelación su deseo de abandonarlo transcurrido aquel período. Adicionalmente, el acuerdo deberá incluir un régimen de penalizaciones por baja que refuerce la permanencia y la estabilidad de las entidades en el SIP.
    Que, a juicio del Banco de España, se cumplan los requisitos previstos en la normativa vigente sobre recursos propios de la entidad financiera para asignar una ponderación de riesgo del 0% frente a exposiciones que tengan entre sí los integrantes del SIP.

Por tanto, en la actualidad, nos encontramos, tal como señala el Banco de España, en su Informe de Estabilidad Financiera de marzo de 2010 con dos clases de SIP:
   SIP en sentido estricto: grupos de entidades cuyos acuerdos de solidaridad no establecen compromisos de asistencia legalmente vinculantes.
   SIP reforzado: grupos de entidades cuyos acuerdos de solidaridad definen compromisos contractuales sólidos y legalmente vinculantes. Éstos cuentan con una instancia central que combina labores de gestión de tesorería, desarrollo de producto y planificación estratégica del grupo, cuya existencia origina una pérdida de autonomía de los miembros. Esta instancia central es mucho más difusa en los primeros.

Los SIP reforzados que cumplan todos estos requisitos tienen la consideración de grupo a efectos de regulatorios y de supervisión que será en base consolidada a diferencia de los SIP en sentido estricto, cuya supervisión se efectúa en base individual.

Sin embargo, la regulación fiscal ha venido a determinar que los beneficios fiscales solo pueden obtenerse si el compromiso mutuo de solvencia y liquidez así como la mutualización de resultados alcanzan el 100% de los recursos propios y de los beneficios respectivamente.

 
 

Supervisión bancaria  de las cooperativas de crédito

 

La finalidad básica de la supervisión bancaria es salvaguardar la estabilidad del sistema financiero, para lo cual se ha de vigilar la solvencia y cumplimiento de la normativa específica de las entidades de crédito. Desde ese punto de vista, la función supervisora del Banco de España consiste en diseñar y aplicar sistemas de análisis y verificación que permitan mantener un conocimiento actualizado de la situación de las entidades y su perfil de riesgos, como base para la adopción de medidas que ayuden a prevenir y permitan reducir el número, importancia y coste de las eventuales crisis que puedan surgir.

Así, el Banco de España es el supervisor de las cooperativas de crédito que quedan sometidas, al igual que el resto de entidades de crédito, a su inspección, supervisión y régimen sancionador.